Condiciones de trabajo en la parte de manufactura.

En los últimos diez a quince años, la política económica aplicada en América Latina experimentó la mayor transformación que haya registrado. Aplicando una serie de reformas estructurales, un número creciente de países dejaron de ser economías cerradas, dominadas por el Estado, y se convirtieron en economías orientadas al mercado y abiertas al resto del mundo. Las reformas comprenden los procesos de liberalización de las importaciones, la liberalización financiera interna e internacional y las privatizaciones, además de la reforma laboral, aunque en esta materia la mayoría de los cambios han sido de hecho y no de derecho.
Todos estos elementos contribuyen a cambiar la organización de los sindicatos y a debilitar su rol en la negociación de los salarios y las condiciones de trabajo, su intervención en la regulación del empleo y su participación en la administración de la seguridad social y los servicios de salud.
La apertura comercial impactó negativamente sobre los sectores antes protegidos, en especial en las empresas y trabajadores que destinaban su producción al mercado interno. El ajuste a la economía global y las presiones competitivas afectaron las condiciones laborales por la dificultad de adaptación de las empresas al nuevo escenario. Al no poder hacerlo ajustando la producción o a través de la innovación tecnológica y de técnicas comerciales, se tendió a privilegiar la caída de salarios y la violación de las condiciones de trabajo.
El derecho del trabajo sufre desde entonces un fuerte cuestionamiento ideológico, En algunos países este cuestionamiento se tradujo en reformas de diversa magnitud y en todos relajó la aplicación de las normas y deterioró la calidad del empleo. Desde su origen, el diseño de las normas presentó diversos problemas, como contradicciones, desequilibrios, lagunas, exclusiones, inadecuación al entorno, fallas estructurales en el diseño de los sistemas de inspección y justicia.
En primer lugar, la legislación laboral y los mecanismos de fiscalización no cubrieron a la totalidad de los trabajadores, ni siquiera a todos los que trabajan en relación de subordinación o dependencia. La inadecuación afectó más a los trabajadores con menor poder en el mercado, de microempresas y empresas familiares, que en algunos países están excluidos de la legislación; a los jornaleros agrícolas, con diferencias importantes entre países; a los trabajadores domésticos, a domicilio y a los de la construcción.
Salvo excepciones, los trabajadores no tuvieron las condiciones de estabilidad ni el nivel de organización necesarios para exigir el cumplimiento de derechos que a menudo desconocen, no están regulados por ley o lo están con tales ambigüedades, que les eran fácilmente cambiados.
Con menos poder de negociación que otros trabajadores por sus bajos niveles de calificación y organización, debieron aceptar condiciones determinadas unilateralmente por sus empleadores y, en el mejor de los casos, canjear el acceso a la seguridad social por mejores salarios. Tal situación, que afecta a una fracción variable de trabajadores según los países, tendió a aumentar en las últimas décadas, como refleja el mayor porcentaje de asalariados sin acceso a la seguridad social dentro del sector formal de la economía. Esto ocurrió a pesar que se podría haber limitado la extensión de estas prácticas mediante la intervención fiscalizadora de la inspección del trabajo y la actuación de la justicia laboral, a través de órganos administrativos o jurisdiccionales.